República Dominicana: Reforma a la Ley de Residuos Sólidos (Ley 225-20) y Observación Presidencial

La gestión integral de los residuos sólidos constituye uno de los retos ambientales, económicos y sociales más relevantes para la República Dominicana. La Ley 225-20 de Residuos Sólidos, actualmente objeto de modificaciones en el Congreso Nacional fue aprobada de urgencia en dos lecturas consecutivas; sin embargo, ha generado un amplio debate entre sectores productivos, gremios empresariales, autoridades locales y organismos técnicos.

Los objetivos de la modificación de la Ley incluye mejorar la armonía entre la sociedad y el entorno, y abordar desafíos persistentes en la implementación del manejo integral de residuos, que abarca la regulación de vertederos y procesadoras, tratamiento de residuos de poliestireno (foam), participación del sector cementero en el reciclaje, y la implementación de una contribución especial progresiva según los ingresos.

Varios gremios empresariales y del sector turístico de la República Dominicana dentro de los uae se destacan Adocem, AmchamDR, Codopyme, Asonahores, AIRD, Conep, Finjus y ProCompetencia expresaron argumentos de solicitud de revisarla profundamente para no afectar diferentes sectores.

Dada la multiplicidad de inconformidad, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ha optado por usar su facultad de observación. Esto implica una revisión más profunda del texto por parte del Congreso, antes de su eventual promulgación. Durante su intervención en “La Semanal” el 28 de julio de 2025, el presidente Abinader anunció que, el objetivo de su observación es atender las diversas correcciones señaladas por sectores técnicos y económicos, y reenviar el texto al Congreso con estas observaciones. El presidente subrayó su intención de asegurar que la legislación promueva una gestión sostenible y coherente con los principios de competencia y legalidad.

La reforma a la Ley 225-20 representa una oportunidad para modernizar el sistema nacional de gestión de residuos sólidos y alinear la política pública con estándares internacionales de sostenibilidad. Sin embargo, su éxito dependerá de que las modificaciones finales garanticen un equilibrio real entre el financiamiento de las operaciones, la preservación de la competencia, la protección de la autonomía municipal y la participación efectiva de todos los sectores productivos, incluidos el turismo, las MIPYMES y la economía informal que puede formalizarse.

Es fundamental que la implementación de la ley se acompañe de mecanismos claros de transición, esquemas de incentivos transparentes y un diseño regulatorio eficiente. Solo así se podrán alcanzar los objetivos de reducción de residuos, cierre técnico de vertederos a cielo abierto y creación de una economía circular inclusiva, donde los beneficios ambientales se traduzcan también en desarrollo económico y bienestar social para las comunidades.

La observación presidencial abre una ventana de diálogo que no debe desaprovecharse; El desafío será diseñar una norma que combine financiamiento sostenible de la gestión de residuos con equidad, competencia y apoyo real a la formalización y modernización. La República Dominicana tiene ante sí la posibilidad de convertir esta reforma en un referente regional de cómo legislar con visión ambiental, justicia económica y gobernanza compartida.

FUENTES: Senado de la República Dominicana, periódico El Nuevo Diario, Periódico El Caribe, Presidencia de la República Dominicana, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-competencia), Revista Factor de Éxito, DO Sostenible.